El pasado 6 de enero se dio inicio a la preparación del juicio oral en contra de nueve imputados por el plagio extorsivo del empresario metalúrgico de Rancagua, Rudy Basualdo Castillo (51), secuestrado el 8 de noviembre de 2023.
Tras más de un año de investigación, la Fiscalía pide penas que suman más de 355 años para los nueve imputados miembros del Tren de Aragua y que están recluidos en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas).
Para ello la Fiscalía ha reunido un total de 89 testigos y más de 120 elementos materiales –entre audios, videos, imágenes y documentos– que buscarán probar que detrás del secuestro operó una “organización criminal internacional”, que recibió $40 millones para la liberación de Basualdo, pago que se concretó en un paso nivel ubicado en un reducto del Tren de Aragua: la toma Santa Marta en Maipú.
Uno de los partícipes de ese crimen fue Jorkenidy Torres Marchán (33), quien tuvo un rol preponderante en la operación y que ahora cumple prisión preventiva en el Repas desde su detención en noviembre de 2023.
Fue en ese contexto en que el pasado 17 de septiembre, en una visita del juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Jaime Fiuca Martínez, a la unidad de Alta Seguridad, Jorkenidy Torres se entrevistó con el magistrado y denunció que estaba siendo víctima de “torturas y tratos crueles e inhumanos”.
“En los últimos días estoy sufriendo de crisis de pánico, tratos crueles e inhumanos, torturas. (Llevo) 104 días encerrado, aislado 24/7 horas sin las horas de patio que corresponde. Me dan 3 litros de agua diario. (Estoy) sufriendo desesperación y taquicardia por motivos del encierro. (…) No tengo dónde hacer mis necesidades biológicas. Estoy siendo torturado física y mentalmente”, escribió de puño y letra el imputado por el secuestro del empresario.
A raíz de esa petición, el Juez Fuica ofició a la defensora pública de Torres, la abogada Romina Jorquera, y también al Juzgado de Rancagua para que se “programe una audiencia de cautela de garantías” para revisar la petición del acusado por el secuestro.
La solicitud se revisó el pasado 27 de enero y un día después se programó la audiencia, que se celebrará este viernes 7 de febrero a las 10 horas en el Juzgado de Garantía de Rancagua.
El juez Jaime Fiuca explicó que “esta visita se hace con posterioridad a un evento que significó una agitación del sistema de seguridad al interior del Repas donde había manifestaciones de parte de los propios internos de nacionalidad venezolana en una suerte de conato con Gendarmería”.
El magistrado, además, señala que estas visitas a los recintos penitenciarios se realizan de forma semanal por parte de los jueces de garantía que comprenden la jurisdicción de Santiago y que las solicitudes por parte de los imputados suelen ser del mismo tenor.
“En esos oficios nosotros hacemos ver la necesidad de que el imputado sea atendido por su defensa frente a una cautela de garantía”, agrega Fiuca.
Sin embargo, en su visita del 17 de septiembre a la Cárcel de Alta Seguridad no fue la única solicitud que recibió.
Con información de Mega Noticias
