A través de una declaración pública, la bancada del Partido Comunista (PC) se refirió al veto presidencial a la Ley de Usurpaciones.
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Recordemos que, en detalle, el Ejecutivo busca eliminar la “legítima defensa privilegiada” y hacer una separación en la proporcionalidad de las penas entre las usurpaciones violentas y las no violentas.
Por lo anterior, durante la semana pasada y tras una reunión con la Comisión de Seguridad del Senado, el Gobierno tomó la decisión de pasar el veto desde ‘discusión inmediata’ a ‘suma urgencia’.
Declaración del Partido Comunista (PC) por Ley de Usurpaciones
En primer lugar, desde la colectividad oficialista destacaron su respaldo al veto de la iniciativa, “eliminando aspectos que son serios retrocesos en el marco del Estado de Derecho”.
Lo anterior, dijeron, “como el uso de la violencia entre civiles en virtud de la legítima defensa privilegiada. También la eliminación de la ocupación transitoria que busca criminalizar las movilizaciones y protestas sociales en nuestro país”.
“Apoyamos con fuerza el sancionar conducta delictuales (…) al mismo tiempo, valoramos la incorporación de un mecanismo de restitución de los inmuebles”, agregaron.
Sin embargo, comentaron, “tenemos observaciones sobre el tipo y magnitud de las penas de presidio que mantiene el veto (….) la necesidad de una familia no puede ser criminalizada”.
“No estamos en disposición de apoyar medidas que signifiquen que las familias que viven en asentamientos irregulares, incluidas las que están en el Registro Nacional de Campamentos del MINVU, corran el riesgo de tener penas efectivas de cárcel”, indicaron.
PC y Ley de Usurpaciones: “El objetivo es criminalizar la pobreza”
Además, declararon que “si bien se modera en sus implicancias la existencia de la flagrancia permanente, no es menos cierto que el veto mantiene como potenciales consecuencias la aplicación de medidas cautelares personales como la prisión preventiva”.
En cuanto a la oposición, agregaron que “la derecha chilena ha llegado al extremo del populismo con este proyecto de ley, ignorando que existen más de 11 mil familias que viven en estado de necesidad en campamentos”.
“Cuando se es incapaz de distinguir el aprovechamiento de la necesidad, la consecuencia es encarcelar a familias sin casa. Sostenemos que el proyecto añade sanciones para conductas que ya están reguladas”, aseguraron.
Concluyendo que “el objetivo original de esta moción no es otro que criminalizar la pobreza”.
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